La apuesta de Maite Orsini para reparar los errores y dar una indemnización a las personas
La apuesta de Maite Orsini para reparar los errores y dar una indemnización a las personas
La discusión sobre las fallas del sistema de justicia penal volvió a instalarse en el Congreso luego de que la diputada Maite Orsini presentara una reforma constitucional y legal destinada a crear un mecanismo más claro y eficiente de indemnización para quienes han sido privados de libertad sin haber cometido delito alguno. La iniciativa, bautizada como Proyecto Inocentes, llega en medio de cifras que muestran un problema persistente y profundo.
Según datos expuestos por la parlamentaria, entre enero y noviembre de 2025 más de 1.590 personas estuvieron privadas de libertad y terminaron absueltas o sobreseídas, muchas de ellas tras extensos periodos en prisión preventiva. A ello se suman más de 28.000 casos desde 2013, donde ciudadanos pasaron por procesos penales pese a ser inocentes.
Para Orsini, estas cifras ponen en evidencia un sistema que no solo falla al momento de investigar y procesar, sino que también carece de herramientas reales para reparar el daño causado. El actual mecanismo de indemnización por error judicial exige requisitos difíciles de cumplir, lo que en la práctica deja a la mayoría de las víctimas sin compensación alguna.
El corazón de la reforma
El proyecto propone crear un nuevo artículo constitucional que establezca un derecho explícito a la indemnización en situaciones donde la justicia reconoce un error. Entre los escenarios considerados están:
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Personas sometidas a prisión preventiva que posteriormente fueron absueltas o sobreseídas.
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Condenados de manera errónea que luego obtienen una sentencia absolutoria al anularse la anterior.
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Casos en los que la Corte Suprema determine que hubo resoluciones arbitrarias o manifiestamente equivocadas por parte de tribunales.
La iniciativa también impulsa una modernización profunda del recurso de revisión penal, ampliando sus causales y creando un procedimiento breve que permitiría tramitar indemnizaciones en cuestión de meses. Esto contrasta con los extensos plazos actuales, donde un juicio ordinario por reparación puede tardar una década.
Un sistema sin definiciones claras
Uno de los puntos que la diputada destaca es la ausencia de criterios uniformes en la legislación vigente. No existe una definición clara de qué constituye un error judicial, tampoco una guía sobre cómo deben tramitarse las solicitudes de reparación ni plazos razonables para resolverlas. Para quienes han pasado meses o incluso años privados de libertad por causas erróneas, esto significa enfrentarse a un segundo calvario burocrático.
Orsini plantea que cualquier persona podría convertirse en víctima de un proceso injusto, y que el Estado debe estar preparado para otorgar una reparación proporcional al daño ocasionado y en un tiempo que no agrave aún más la experiencia vivida.
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